El proceso de transformación social, económica y política que vive la República Bolivariana de Venezuela,
convoca la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas y obliga al conocimiento de los cambios planteados en la patria grande que soñó Bolívar. Estamos viviendo nuevas formas de relación entre el gobierno y el pueblo. La Carta Magna sienta las bases de la democracia participativa y protagónica y esto significa que ya los ciudadanos no permanecen alejados de los asuntos públicos, práctica sana y conveniente para garantizar la marcha del estado en cualquiera de sus competencias. Lo que está en juego es un nuevo trato entre el estado y la sociedad: en lugar de relaciones marcadas por el paternalismo y por las cúpulas partidistas, la gente pasa a ocupar un rol activo y directo en las actividades y decisiones que involucran su comunidad, su municipio o su región. Estamos hablando del control social necesario para que el ejercicio de gobierno sea eficaz y productivo. Estamos hablando de la profundización efectiva de los cambios que requiere el país, de ir hacia el “salto adelante” que menciona el presidente Hugo Chávez Frías.
Los derechos humanos es uno de los ejes transversales que nos conducen al cumplimiento de lo que plantea la Constitución Nacional y se concreta en su artículo 70: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta
popular, la revocatoria el mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y ciudadana cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención...
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